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Revista de Estudios Sobre Cambio Social
año IV . número15 . primavera 2004
- ISSN : 1515-6370 -
Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires- Argentina.
[http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm]
Algunos aspectos de la acción colectiva y la protesta en la CTA y el MTA

Por Martín Armelino
Becario del CONICET. Carrera de Ciencia Política e Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Abstract: El presente artículo busca caracterizar, en sus rasgos más generales, a dos actores sindicales surgidos en la década del ’90: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Ambas organizaciones aparecieron en la escena pública-política en medio de transformaciones económicas, sociales y políticas profundizadas a partir del primer gobierno de Carlos Menem (1989-95). El análisis planteado aquí busca aportar a la comprensión de algunos aspectos acerca de las estrategias de construcción social y política de estos actores, la puesta en escena de las protestas convocadas por cada uno y el peso que en ello tienen las identidades políticas precedentes.


Este trabajo busca caracterizar, en sus rasgos más generales, a dos organizaciones sindicales surgidas durante los ’90. Se trata de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que aparecieron en la escena pública-política en un contexto marcado por las transformaciones económicas, sociales y políticas profundizadas a partir del primer gobierno de Carlos Menem (1989-95). Esas transformaciones tuvieron un fuerte impacto negativo para los sindicatos y sus bases de representación, porque afectaron tanto sus intereses sectoriales como las identidades políticas y sociales que los definían. (Palomino: 1995, 2000, Martuccelli y Svampa: 1997, Murillo: 1997, 2001) Comenzó a modificarse así la relación privilegiada que el sindicalismo había establecido con el peronismo desde mediados de la década del ’40.

En términos generales, la Argentina asistió en los ’90 a un profundo cambio en la relación entre el estado y el mercado, signado por procesos de ajuste económico que han incluido la reducción del gasto público y la financiación a través del incremento del endeudamiento externo, la descentralización estatal y la reforma administrativa. El régimen social de acumulación se ha caracterizado, desde entonces, por la concentración económica y significativas tasas de crecimiento, sobre todo las referidas a los años de la primera gestión de Menem, junto con una no menos creciente tasa de desempleo, la precarización del empleo y la flexibilización –de hecho– del mercado laboral.

Tales modificaciones se reflejaron también en las alianzas políticas del peronismo liderado por Menem, que dejó de apoyarse en los sindicatos y se acercó más a los sectores económicos nacionales y extranjeros –por ejemplo aquellos vinculados al capital financiero– cuya injerencia en el curso de decisiones tomado había aumentado considerablemente (Sidicaro: 2002). En este marco, el peso de los sindicatos fue modificado ostensiblemente y obligó a sus dirigentes a variar su proyección y relaciones en la arena política.

La apuesta de los principales sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) frente a los cambios en curso fue adaptarse y consentir las líneas trazadas por el nuevo gobierno. Esto llevó, en 1992, a un grupo de sindicatos afectados por las reformas a alejarse de la CGT para crear el entonces Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA). Los sindicatos que lideraron esta división fueron dos de los más afectados: los docentes estatales (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)– En 1994, una escisión similar produjeron los camioneros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conformando el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) junto a otros sindicatos más. Tanto éste como la CTA impugnaron, en adelante, el “modelo" consolidado.i

Ambas organizaciones buscaron, además, diferenciarse de la CGT a partir del tipo de relación mantenida con distintos actores sociales y políticos. Constituyeron nuevas alianzas sociales y políticas, realizaron protestas cuyos reclamos y formas de expresarlo eran novedosos, y participaron en escenarios de conflicto social surgidos de las transformaciones dadas, en un contexto de movilización creciente y variada. Esa participación, no obstante, reveló diferencias entre una y otra organización, dando cuenta así de las alianzas, estrategias, valores y creencias distintos que la CTA y el MTA han asumido, pese a haber surgido ambas agrupaciones del seno de la CGT.

En suma, aunque el análisis planteado en las líneas que siguen no tiene por fin dar cuenta acabadamente de las causas y los efectos políticos del surgimiento y desarrollo de estos actores y de sus acciones, sí se propone poder contribuir a la comprensión de algunos aspectos acerca de las estrategias de construcción social y política de estos actores, la puesta en escena de las protestas convocadas por cada uno y la incidencia de las identidades políticas precedentes.

La matriz sindical de la protesta social

A riesgo de simplificar, puede afirmarse que el repertorio clásicoii de la protesta social en la Argentina fue estructurado por el sindicalismo, de modo que el carácter de la protesta ha estado ligado por varias décadas a los conflictos laborales y de los trabajadores. Sobre todo si se tiene presente que, a mediados del siglo pasado, distintos sindicatos fueron protagonistas centrales en la constitución del liderazgo político de Juan D. Perón y la creación del movimiento peronista. (Torre: 1990)

Bajo el mandato de Perón se consolidó un régimen social de acumulación cuyas líneas generales habían sido establecidas a mediados de los años ’30 y se extendería hasta mediados de los ’70, denominado ampliamente como “modelo de sustitución de importaciones". Se caracterizó por una orientación mercadointernista y proteccionista, sostenida predominantemente en la producción industrial y con el apoyo dinámico del sector público. Hubo así un crecimiento notable de la economía y del empleo cuyo correlato fue el acrecentamiento y modificación de la composición sindical. Durante el período de gobierno peronista (1946-55) se dispusieron una serie de reglas y normativas que ayudaron a la estructuración de lo que Castel (1997) llama sociedad salarial.iii

Por sus características, en ese régimen fue dominante la participación de las corporaciones sindicales (principalmente de la industria) y empresarias que, a su vez, dependían del arbitraje estatal, artífice de las reglas de juego del régimen. El vínculo entre Perón y los trabajadores se centró en la incorporación en la agenda institucional de la ampliación de derechos sociales para los los sectores populares. Tal inclusión, que buscaba regular el mercado de trabajo mediante el control directo del estado sobre los sindicatos y sus bases de representación, aportó beneficios económicos, sociales y políticos que serían clave en la cultura política del sindicalismo.

Los cambios que ligaron a los sindicatos y al movimiento peronista marcaron el carácter fuertemente centralizado que alcanzó la protesta obrera. El tipo de actor característico de este período fueron los trabajadores y sindicatos del sector industrial, las demandas típicas fueron las aumentos salariales y la obtención de mayores ventajas corporativas para retener y acrecentar el espacio orgánico de la estructura sindical en el juego políticoiv, y las formas en que se expresaron en el espacio público fueron las huelgas y movilizaciones. Los ambientes donde estas protestas cobraron visibilidad pública fueron las fábricas y la Plaza de Mayo. (Martuccelli y Svampa: 1997; Farinetti: 1999)

Estas características son importantes para comprender algunas diferencias que la CTA y el MTA han alcanzado a lo largo de los últimos años, respecto de estrategias de construcción social y política, alianzas con otros sectores, modos de expresión pública, representación de sus afiliados, etc.

La CTA y el MTA: ¿nuevos actores de la protesta laboral en los ’90?

Como se dijo en la introducción de este trabajo, la asunción de Menem a la presidencia de la Nación significó un cambio rotundo en las reglas de juego para los actores sociales y políticos, tanto respecto de la orientación económica como social y política que ese gobierno tomó, pese al tinte populista propio del peronismo que había mostrado durante su campaña electoral. (AA.VV.: 1995, Aboy Carlés: 2001).

En ese sentido, el repertorio tradicional de acción colectiva del sindicalismo argentino caracterizado más arriba comenzó a mostrar ciertos cambios, que se acentuarían desde mediados de los ’90 en adelante. Aunque los sindicatos protagonizaron la mayoría de las protestas (sobre todo huelgas) realizadas entre 1989-95, progresivamente fueron perdiendo el protagonismo de años anteriores en la protesta social. Esto se debió, por un lado, a la limitación que los sindicatos sufrieron del derecho de huelga,v y por otro –acaso más importante aún, como se verá más adelante– por el surgimiento de nuevos actores, reclamos y formas de expresión de la protesta social, en un contexto de crisis y transformaciones profundas.

En ese contexto, a fines de 1992 surge el entonces Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) vi, liderado por dos gremios del área de servicios como los estatales (ATE) y los docentes (CTERA), que vieron limitados sus beneficios como consecuencia de la llamada reforma del estado. La aparición en la escena pública de la CTA supuso, en principio, defender las fuentes y condiciones de trabajo frente a las privatizaciones en marcha, como también intentar frenar el decidido impulso de modificación de distintas agencias burocráticas estatales que incluía, entre otros aspectos, reducir la planta estable de empleados y dejar en manos privadas el control de distintas áreas que hasta entonces habían sido administradas por el estado.

En 1994, por su parte, surgió el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), dominado por los sindicatos de camioneros y la Unión de Tranviarios Automotores (UTA), aeronavegantes y judiciales, pero este nucleamiento nunca abandonó definitivamente la CGT sino que luchó por obtener su Secretaría General en más de una oportunidad, hasta conseguirla recientemente, aunque bajo la figura de un triunvirato. vii

Con el surgimiento de esta última agrupación, a mediados de los ’90, quedó configurado al interior del sindicalismo un nuevo escenario, constituido por tres tipos de agrupaciones sindicales, con diferentes posicionamientos y estrategias frente a las transformacionesviii.

Por un lado, el de aquellos sindicatos agrupados en la CGT que, con diferencias, apoyaron y se beneficiaron con las reformas económicas, practicaron una suerte de “sindicalismo empresario" y siguen vinculados orgánicamente al Partido Justicialista. Por sus vinculaciones con ese partido y/o por haber aprovechado las oportunidades para transformar sus estructuras organizativas, varios de estos sindicatos se adaptaron a las nuevas reglas de juego, mediante la mercantilización de la actividad sindical, que ha incluido la compra de firmas privatizadas, la creación de administradoras de fondos de pensión y jubilación, la reorganización de sus obras sociales y la administración de las acciones de los trabajadores por una comisión cobrada de las ganancias. Se han convertido en empresas que gestionan servicios para los afiliados y el público en general. Varios de estos sindicatos son numerosos en cantidad de afiliados y de recursos, los más poderosos y tradicionales. Figuran, por ejemplo, el Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE), la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyT).

Por otro lado, está el grupo constituido por el MTA, que rechazó la estrategia mercantilista adoptada por el grueso de la CGT. No obstante las diferencias, esta agrupación nunca abandonó definitivamente la central porque el objetivo ha sido siempre que la CGT vuelva a luchar por la recomposición de la situación de sus bases de representación. El tipo de sindicalismo que defienden está ligado al régimen de acumulación mercadointernista e intervencionista propio del primer gobierno de Perón. No es casual, en ese sentido, que bajo el gobierno de Néstor Kirchner se haya producido la reunificación de éstos a la CGT, puesto que este gobierno peronista ha buscado legitimarse a partir de la crítica continua a las reformas dispuestas diez años atrás, a la vez que se ha propuesto –con fines inciertos– recobrar para el estado cierto control en áreas diversas de la producción y la administración. En ese sentido, el grupo liderado por Moyano y Palacios mantuvo siempre una fuerte ligazón orgánica e identitaria al peronismo, que llevó al MTA a practicar un sindicalismo ambiguamente opositor en tiempos de Menem; ambigüedad que también se manifestó en sus vinculaciones con la CGT.ix

Por último, está la CTA que, desde sus comienzos, se caracterizó por una resistencia al régimen social de acumulación consolidado durante los ’90 y por un alejamiento del Partido Justicialista como expresión política afín al sindicalismo. Como se dijo más arriba, gran parte de los gremios que la componen fueron perjudicados fuertemente en sus estructuras organizativas por las transformaciones en curso, contexto que operó como marco de oportunidades políticas para la constitución de una central alternativa a la CGT.

Algunos aspectos de las protestas de la CTA y el MTA

A partir de la clasificación precedente, podemos dar cuenta de ciertas marcas en el tipo de construcción del MTA y la CTA. Quizá la diferencia más significativa radique en la meta planteada por cada agrupación. En ese sentido, el MTA se formó para diferenciarse de la CGT como corriente interna, buscando recuperarla, y en esa orientación la apuesta era por un sindicalismo ligado al modelo peronista de mediados de siglo, en el cual los gremios tenían el monopolio de la representación obrera y eran interlocutores directos del gobierno en las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. En cambio, la CTA se planteó desde su origen la conformación de una central sindical alternativa, en la que tuvieran espacio de representación distintos sectores que, en la CGT, no tenían lugar; el caso más ilustrativo es el de los desocupados, quienes quedaron sin posibilidad alguna de representación sindical y prácticamente sin ningún tipo de protección legal. La meta principal de la CTA, al fin, ha sido la composición de un nuevo movimiento para disputar el poder político en la Argentina.x

De alguna manera, esto ha quedado asentado en el estatuto de la CTA, que plantea la constitución de un sindicalismo autónomo respecto del estado, de los partidos políticos y de los grupos económicos. Estas características buscan contemplar las prácticas, reglas e instituciones que deben regular la acción sindical bajo el nuevo régimen social de acumulación. Así, la autonomía promovida guarda relación con otros aspectos particulares de la organización: afiliación y elección directas de sus miembros. La primera de ellas permite la inscripción de los trabajadores en la Central mediante el sindicato, la unión, asociación o federación de cualquier tipo que esté afiliada a la organización, o en forma individual. De esta manera, pueden afiliarse trabajadores que no están sindicalizados, sea porque han perdido sus trabajos, porque trabajan en condiciones de precarización laboral carentes de protección gremial, o porque trabajan en el ámbito privado, donde los niveles de afiliación sindical son menores. La elección directa, por su parte, plantea que las autoridades de la conducción en sus distintos niveles (nacional, provincial y local) surja del voto directo del afiliado, no por medio de congresos abocados a tal fin, en los cuales tienen superioridad las estructuras sindicales que la integran.

Esta diferencia en el tipo de organización planteado por la CTA y el MTA ha incidido en el modo de construcción de cada organización, pero también en el modo en que han aparecido en el espacio público, las acciones que han llevado a cabo, el impacto político que han buscado obtener y las consecuencias institucionales que han podido desprenderse de ellas. En ese sentido, el tipo de protesta llevado a cabo por el MTA y la CTA también difiere.

No obstante las diferencias significativas que abordaremos, ambas organizaciones han utilizado el repertorio clásico de protesta obrera: huelgas y movilizaciones.xi En el caso del MTA, la mayoría de las protestas han estado ligadas a dicho repertorio, mientras que la CTA incorporó, además, algunos aspectos novedosos en la realización de acciones colectivas y de protesta.

Curiosamente, uno de esos aspectos se mostró en la convocatoria a una marcha federal, realizada en 1994 conjuntamente con el MTA y la CCC. Es que entre ese año y 1997 sobre todo, ambas organizaciones realizaron varias acciones en conjunto porque buscaban ser reconocidas como actores sociales y políticos en el espacio público, que desafiaban un conjunto de disposiciones sociales y políticas contrarias a los intereses de los trabajadores y de los sectores populares. La primera de ellas, decíamos, fue la convocatoria a la Marcha Federal (julio de 1994) y a la huelga general (agosto de 1994).xii El tipo de movilización expresado por esa gran marcha sería incorporado sólo la CTA como herramienta de resistencia y lucha en acciones subsiguientes. La marcha, que creció en participantes y adherentes a medida que distintas columnas de manifestantes se incorporaban a las caravanas desde distintos puntos del país hacia Buenos Aires, expresó el reclamo unánime del cambio de modelo económico y contó con la participación de distintos sectores, como docentes, estudiantes, pequeños productores y empresarios, representantes de comunidades indígenas y jubilados, entre otros.

Otros aspectos novedosos que la CTA incorporó a sus acciones de protesta tienen que ver con ciertas formas de expresión, vinculadas en muchos casos con el tipo de demanda sostenida. Ha sido clave para la CTA la realización de protestas que incluyeron propuestas para modificar ciertas condiciones de los trabajadores como una manera distinta de llevar adelante formas de participación democrática. Por ejemplo, la Marcha del Frente Nacional contra la Pobreza, que tuvo una organización similar a la de la Marcha Federal y que se realizó en septiembre de 2001, bajo el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso. El objetivo había sido difundir la consulta popular sobre la implementación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para los jefes de hogar desocupados y una asignación universal de 60 por cada hijo menor de 18 años que aseguraría un ingreso mínimo de 500 pesos por familia.xiii La marcha buscaba, también, plantear como tema de agenda pública que la pobreza y la desocupación constituyen problemas estructurales a resolver en la Argentina.

No fue menor, en ese sentido, presentar un proyecto alternativo de solución de tales problemas. Esta estrategia, que hemos denominado “la protesta-propuesta" (Armelino: 2004), ha sido instituida por la CTA y es importante señalarla porque se trata de acciones que, así como portan un reclamo, también proponen una vía de resolución sobre aquello mismo que se está pidiendo. La marcha y la consulta popular posterior, realizada a fines de 2001, establecieron un punto de inflexión en la construcción de la Central: en un marco de crisis económica, social y política como la vivida ese año, esta organización convocó y coordinó una acción colectiva cuyo contenido fue más bien propio de una estrategia ofensiva que buscó intalar en la agenda pública no sólo un problema –la pobreza en la Argentina– sino sobre todo una solución posible de ser puesta en marcha. Si bien el impacto político de la experiencia del Frenapo quedó opacado por los sucesos que llevaron a la renuncia de De la Rúa a la presidencia de la Nación, al interior de la CTA estableció una frontera en su crecimiento y consolidación como actor social y político. Aunque esta cuestión merece ser observada con mayor detenimiento, puede afirmarse que a partir de la puesta en escena de un tipo específico de acción colectiva contenciosa, la proyección política de una organización puede ampliarse o, al menos, variar en sus aspectos cuantitativos y cualitativos.

Aquí es clara la vinculación de la novedad del formato con el contenido de las demandas. En su gran mayoría, éstas expresaron los efectos de las reformas profundizadas en los primeros años ’90: reclamos por trabajo, cuestionamientos de los índices crecientes de desocupación y precarización laboral, rechazo a las privatizaciones, a las políticas contrarias a la promoción industrial y al agotamiento de las pequeñas y medianas empresas, como también a las medidas que iban en contra de las posibilidades de un mayor desarrollo de las economías regionales, etc. Así, el contenido de estas demandas –como de la gran mayoría de las que produjeron los actores sindicales en los ’90– ha tenido un sentido predominantemente defensivo, por cuanto los reclamos dejaron de expresar aumentos salariales, típico del régimen social de acumulación mercadointernista.

Estos aspectos de la protesta deben comprenderse a la luz de otras dimensiones de análisis, tales como los condicionamientos estructurales en los cuales se enmarca y surge la protesta.xiv Es decir, la demanda y el formato están ligados a las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales en medio de las cuales un actor va estructurando sus acciones y, en consecuencia, también va configurando (o reconfigurando) su identidad. Los condicionamientos estructurales que las organizaciones sindicales enfrentaron al oponerse a las reformas de mercado implementadas fueron contundentes porque golpearon en las estrategias y modalidades de acción más arraigadas del sindicalismo. Por ejemplo, diversas formas de precarización laboral que caracterizaron la creciente situación de subocupación de grandes cantidades de trabajadores perjudicaron la entrada de recursos de las organizaciones sindicales, que dejaron de percibir cuotas de asociación o contribuciones y aportes de trabajadores y empresarios para las obras sociales; otro tanto ocurrió con la desocupación, que limitó las estrategias ofensivas.

Esto, desde ya, varió de acuerdo con las orientaciones que los sindicatos tomaron en los ’90: para aquellos nucleados en la CGT, la desmovilización fue mayoritariamente un aspecto clave de su estrategia de negociación y adaptación a las disposiciones marcadas por otros actores de peso como los empresarios y el propio gobierno; para aquellos nucleados en el MTA y la CTA la movilización fue una herramienta fundamental de construcción organizativa y, a la vez, de presión ante esos otros actores.

Así las cosas, hubo, sin embargo, jornadas de paro y movilización que concentraron a las tres organizaciones sindicales (CGT, CTA y MTA) contra el gobierno de Menem, en septiembre de 1995, y en agosto y septiembre de 1996. Si bien excede los límites de este trabajo, cabe una mención sobre estas convocatorias por parte de agrupaciones disimiles. De alguna manera, desde la Marcha Federal y el paro convocados por la CTA y el MTA en 1994, la cuestión de la desocupación fue ocupando gradualmente mayor importancia en la agenda de las agrupaciones sindicales, sobre todo luego de que en 1995, los datos oficiales arrojaran cifras, por entonces record (18.6%), de esa problemática. En el caso del MTA y la CTA, había una impugnación clara al modelo económico, mientras que para la CGT era más complicado realizar tal cuestionamiento mediante la protesta debido a los beneficios que varios de los grandes sindicatos habían obtenido por esos años. Tal diferencia de intereses y tácticas de presión y negociación quedó de manifiesto en esa jornada del 6 de septiembre de 1995, en el acto que dio fin a la huelga. Mientras el único orador, el secretario general de la CGT Gerardo Martínez, exigía al Gobierno una mesa de concertación con mayor participación de la conducción sindical en las decisiones referidas a los problemas laborales, las conducciones del MTA y la CTA abandonaron la Plaza de los Dos Congresos disconformes por no haber escuchado de Martínez la propuesta de un plan de lucha.

A principios de agosto de 1996, una nueva huelga general que cuestionaba al modelo fue convocada por las tres organizaciones. En tanto que la CGT no realizó movilización ni acto alguno, desde el MTA se organizaron ollas populares en la Capital Federal que acompañaron al acto central de la jornada –que la Policía Federal reprimió fuertemente– y la CTA acompañó el paro con una serie de movilizaciones desde distintos puntos del conurbano que confluyeron en un acto en Quilmes.

A fines de septiembre de ese año, una nueva jornada de huelga nacional con movilizaciones de 36 horas por todo el país encontró a estas organizaciones juntas en la convocatoria. Esta vez, el reclamo era contra el proyecto oficial para flexibilizar aún más las relaciones laborales y contra la desregulación del manejo de las obras sociales, principal mecanismo de financiación de gremial. La huelga, que tuvo un alto acatamiento, había sido acompañada de una movilización frente a la Casa Rosada, donde el flamante secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, cuestionó el modelo económico defendido por el Gobierno y marcó el distanciamiento táctico de la central sindical mayoritaria.

Y el 14 de agosto de 1997 se realizó otra huelga general importante, convocada sólo por la CTA y el MTA. Esta vez, la protesta se destacó por la presencia de un actor incipiente: los desocupados, que poco a poco iban siendo llamados piqueteros.

Estas son sólo algunas de las protestas que mayor trascendencia alcanzaron tanto por la cantidad de manifestantes como por el contenido de los reclamos y los modos de expresarlos,xv aunque es cierto que todas pertenencen al repertorio clásico.

De acuerdo a Tilly (2000), las diferencias que se van produciendo en los repertorios –como también entre los actores que las protagonizan, agregamos nosotros– tienen relación tanto respecto de los aspectos profundos que enmarcan una acción colectiva como de los aspectos que promueven su transformación. Es decir, si por un lado ambas organizaciones sindicales realizaron paros y movilizaciones porque han sido las herramientas de lucha típicas del sindicalismo y los actores colectivos hacen aquello que saben hacer, por el otro lado los condicionamientos estructurales abren paso a la innovación, sea en el tipo de demanda sostenida (si es más bien defensiva u ofensiva), sea en el formato expresado (incorporando a viejas formas nuevas maneras de aparición e impacto en el espacio público), o ambas. Así, con tales modificaciones, las huelgas dejaron de tener, en muchos casos, el efecto que en otro tiempo habían alcanzado, pero eso no impidió que la protesta dejara de expresarse porque efectivamente los trabajadores tenían razones para sostener y hacer públicas sus demandas.

Algunos aspectos y efectos de alianzas y tipos de construcción

Es necesario vincular lo dicho hasta aquí con dos aspectos estratégicos importantes que se pueden observar en el MTA y la CTA: por un lado, la manera de instalar en la agenda pública nuevos temas de discusión, por otro lado, el establecimiento de distintas y variadas alianzas con otros sectores, por fuera del sindicalismo.

La CTA ha buscado, desde sus comienzos, tejer lazos solidarios con sectores perjudicados por las reformas de mercado; ha sido el caso, por ejemplo, de los jubilados y de los desocupados. La apuesta por incorporar la representación de los desempleados le permitió a la CTA incrementar ostensiblemente el número de afiliados, a través de la creación de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), y participar de la puesta en escena de una serie variada de acciones de protesta que en los últimos años institucionalizó formatos, demandas y actores en relación con la desocupación y la subocupación de los sectores populares. En efecto, la FTV ha sido una de las organizaciones que, en los últimos años de la década pasada, realizó cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, varios de ellos en conjunto con la CCC, alcanzando un alto impacto público y político. De esa manera, la CTA logró llegar a tener no sólo representación en un ámbito que la CGT nunca contempló concretamente sino tener además la posibilidad de organizar, coordinar y liderar acciones de un sector creciente como las organizaciones de desocupados, con prácticas de acción institucionalizadas, como los cortes de rutas, y con reclamos definidos y sostenidos en el tiempo, como los de trabajo y asistencia social.

El MTA, en cambio, tendió a limitar su representación a los trabajadores formales (sindicalizados y en relación de dependencia) de los distintos sindicatos que lo conformaron, como expresión rebelde e interna de la propia CGT. Aún así, hay que señalar que durante 2001, cuando se llevaron a cabo dos asambleas piqueteras para organizar un plan de lucha contra el gobierno de la Alianza, el camionero Hugo Moyano, líder del MTA, participó puesto que tenía una alianza política con la CCC. Es difícil pensar que, con esta alianza, el MTA buscara hacer pie en el territorio de los sectores populares, desde donde estos grandes contingentes de trabajadores precarizados o desocupados han estructurado prácticas y estrategias de lucha. Más bien, tal alianza pareció movida por una táctica de coyuntura política, en la cual primaba la contraofensiva frente a un gobierno que había mantenido –y en muchos casos profundizado– las líneas directrices del modelo económico establecido en los ’90 y que además no pertenecía al Partido Justicialista. Finalmente, el amplio rechazo que sufrió Moyano en el primero de esos encuentros y las divisiones surgidas de esas asambleas entre las propias organizaciones piqueteras disolvió el vínculo.

En ese sentido, el tipo de construcción social y política del MTA se orientó, básicamente, a actuar en el escenario político como una organización sindical típica que defiende a determinados sectores y la forma de realizarlo es mediante la presión sobre el estado, particularizado en el gobierno. Tales presiones se canalizaron en acciones de protesta contundentes –sobre todo si se tiene presente que esta agrupación incluye a los sindicatos de transportes de carga y de pasajeros y que una huelga por parte de alguno de ellos impacta rápidamente en la vida cotidiana de la sociedad– que variaron de acuerdo al gobierno de turno. Es por esto que el MTA mostró en varias oportunidades una práctica característica del sindicalismo peronista, conocida con la consigna de “golpear y negociar". Incluso, la alianza táctica con la CCC puede ser leída desde este punto de vista.

Hay que decirlo una vez más, el MTA no buscó construir una organización desde la cual disputar el poder político más allá de la CGT, como sí lo planteó desde un comienzo la CTA. Tanto una como otra orientación muestran sus límites y potencialidades para la acción. Los sindicatos nucleados en el MTA no cortaron lazos organizativos con la CGT como sí lo llevaron a cabo quienes formaron la CTA. La CGT es una central que representa ciertos intereses –típicamente, los de los trabajadores–, y que si bien tuvo una injerencia política muy importante en tiempos de proscripción del peronismo, sus prácticas se ajustaron más a un tipo de corporativismo en el cual distintas corporaciones representativas de distintos sectores sociales se sientan a la mesa de las negociaciones con el gobierno como árbitro. El MTA, que no se escindió completamente de la CGT, reprodujo en sus prácticas este esquema planteado. Los límites y potencialidades de esta línea son claros: no hay una búsqueda de proyección política más allá de la representación de ciertos intereses y por lo tanto la potencialidad de las acciones son acotadas a ese escenario, estableciendo así cierta previsibilidad en el éxito que sus acciones puedan obtener. Si se recuerdan los elementos de la tipología de organización sindical que el MTA expresó, su orientación reenvía claramente al tipo de relación que los sindicatos mantuvieron con el poder político bajo el régimen mercadointernista.

El tipo de construcción social y política promovido por la CTA es más complejo. Por eso, los límites y potencialidades que sus acciones muestran varían de acuerdo al contexto y la organización pareciera quedar sujeta, la mayoría de las veces, al ritmo que la coyuntura impone. Aún así, el planteo de esta agrupación es la conformación de un espacio, incluyendo la participación de diversos sectores que no responden al sindicalismo y que en el imaginario político de la organización son reconocidos como propios del campo popular. La estrategia de convertir a la CTA en una herramienta política de cambio social que organice, coordine y lidere un movimiento con esos otros sectores para acumular y disputar el poder político tiene una clara reminiscencia movimientista, característica del peronismo. Esta meta ha estado presente desde los primeros encuentros que dieron forma a la organización. De esa manera, el camino de la CTA trazado a fines de 1991, en el espacio de fundación que constituyó el “Encuentro de Burzaco", estableció las bases que se fueron configurando en prácticas, estrategias y objetivos de la agrupación y que dio forma al denominado “Movimiento político, social y cultural", fundado a fines de 2002, en el VI Congreso Nacional de Delegados de esa agrupación.xvi

Así, la CTA ha tenido participación en distintos eventos en conjunto con agrupaciones de Derechos Humanos, FEDECAMARAS, los pequeños y medianos empresarios, la Federación agraria, la Federación Universitaria Argentina o el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, los cuales estuvieron presentes, por ejemplo, en la realización de la Marcha Federal y del Frenapo. Las potencialidades que promueve la diversidad de actores para la realización de acciones colectivas es, obviamente, muy rica y variada: múltiples demandas, solidaridad entre sectores que no siempre han estado unidos para la acción reivindicativa, mayor reconocimiento de otros actores contrarios a los objetivos de quienes se organizan para obtener mejoras de cierto tipo, mayor posibilidad de impactar políticamente y conseguir instalar en la agenda pública determinado tema aunque no se obtengan consecuencias institucionales favorables a quienes protagonizan la acción. Pese a la importancia que estos aspectos pueden mostrar para la construcción de un movimiento, hay que tener en cuenta sus limitaciones.

Una de ellas obedece a la heterogeneidad de los actores partícipes, que dificultan las orientaciones para la acción puesto que hay intereses y metas divergentes, tradiciones, valores y creencias que no siempre pueden ser compartidas y/o resignificadas por esa apuesta movimientista. Por ejemplo, cabe preguntarse hasta qué punto los miembros de una organización territorial como la FTV pueden trazar lazos de solidaridad política –y sobre todo social– con los pequeños y medianos empresarios. En ese sentido, el carácter homogéneo que una construcción de este tipo supone para la conformación de una práctica política encuentra sus limitaciones en la disparidad de peculiaridades de cada actor. Esto es, no basta con haber sufrido los reveses de un modelo de acumulación para constituir un colectivo que en su propuesta tienda a consolidar una posible herramienta política desde la cual modificar la asimétrica relación de fuerzas que empleados y docentes estatales, pequeños empresarios y propietarios rurales, desocupados y organizaciones de derechos humanos o de género padecen.

Otra limitación tiene que ver con la propia estrategia movimientista. Así, forjar una herramienta –la CTA– para disputar el poder político es una apuesta interesante, sobre todo si se trata de buscar nuevas formas de ampliación de los mecanismos de participación política. Pero si tal herramienta surge de la apuesta movimientista que impugna a la mayoría del conjunto de los actores del sistema representativo porque justamente establece como frontera de constitución y nueva configuración de sentido de las identidades políticas un límite con lo que actualmente es la representación política y en la cual esta no tiene relación alguna, es difícil observar en qué medida puede tal construcción cristalizar, en determinado momento, en un gobierno por y para los “trabajadores".

Es importante señalar, asimismo, que la idea de ampliación de la base de representación y participación política a través de diferentes consultas populares como una forma de inscripción de una demanda en la agenda pública, las potencialidades de estas acciones y de los actores que las protagonizan pueden ser muy buenas. Pero si esta manera de construcción va junto con una apuesta reivindicativa establecida en el antagonismo que enfrenta al campo popular con partidos políticos, grupos económicos, el estado –por se depositario de aquellos–, los países centrales y sus representantes sostenidos en los organismos internacionales de crédito o la propia globalización como la manifestación de ese proceso excluyente y que pesa sobre quienes hoy resisten y luchan en este nuevo colectivo, cabe preguntarse hasta qué esa herramienta puede ser utilizada en el juego político mismo. A modo ilustrativo, este dilema lo tuvo la CTA frente a las elecciones presidenciales de 2003: la disyuntiva era entre la creación de un partido o el lanzamiento de un movimiento político, que fue la decisión tomada al interior de la organización y cuyos escuálidos resultados políticos manifiestan algunas de las limitaciones marcadas aquí. No obstante, algunos miembros importantes de mesa nacional de la organización compitieron las elecciones legislativas del año pasado, bajo la denominación de frentes (Frente para la Victoria, con la candidatura de Claudio Lozano, en alianza con sectores del gobierno nacional –PJ– y del gobierno de la Ciudad –difuso y fragmentado conjunto de dirigentes que permanecen aún con la gestión de Aníbal Ibarra–), o de partidos políticos (Marta Maffei por el ARI; Luis D’Elía por el Partido de los Trabajadores).

Por último, está la cuestión de la identidad, que es sumamente compleja, que es constitutiva del entramado de relaciones y solidaridades sociales y que, en consecuencia, ha estado presente en las notas escritas hasta aquí, aunque sin haber sido mencionada explícitamente. Por el hecho de provenir del sindicalismo peronista, las organizaciones que conformaron el MTA y la CTA han reproducido y expresado de distinta forma una tradición común: la procedencia peronista. Ese vínculo, que Daniel James (1990) estudió con tanta precisión, aún perdura al interior de los sectores populares, y en particular de estas organizaciones. Si bien en el caso de la CTA hay dirigentes y miembros que responden a distintos sectores (la izquierda, en sus ramas comunista y socialista, el radicalismo, la democracia cristiana y resabios de lo que fue el Frepaso, entre otros) hay un componente peronista muy fuerte, que encuentra limitaciones y no pocas contradicciones con el Partido Justicialista mismo. Por el contrario, el MTA, y luego la CGT “disidente", nunca renegaron del peronismo y en definitiva tampoco del Partido, en parte por sus metas de acción claramente distinguidas de las de la CTA. De una u otra manera esta raigambre peronista ha enfrentado a ambas organizaciones a la ambigüedad de sus planteos. En el caso del MTA esto disminuyó bajo el gobierno de la Alianza –el contradestinatario de sus impugnaciones no era un gobierno justicialista y por lo tanto se allanaba gran parte del camino– y recientemente, bajo el gobierno de Kirchner, con la unión de la CGT. En el caso de la CTA, el gobierno de la Alianza no fue un problema siendo que se supuso en un momento que esa central podía constituirse en la representación oficial de los trabajadores. En todo caso, la ambigüedad y el inmobilismo –si se permite el neologismo– ha quedado al descubierto como nunca bajo el actual gobierno peronista. Sea por cuestiones generacionales del actual Presidente y de los dirigentes de la CTA, sea por cercanía de militancia política de otrora entre unos y otro, sea por compartir un tipo de discurso crítico del régimen consolidado hace más de una década, la CTA no puede inscribir públicamente una nueva frontera de antagonismo a partir de la cual consolidar la organización, el movimiento, o ambas (porque ni eso es claro).

A modo de conclusión

En este trabajo hemos querido caracterizar, en una primera aproximación, a la CTA y al MTA. El abordaje, por el momento general, nos ha permitido sin embargo señalar algunas dimensiones que creemos necesarias para el análisis de la acción colectiva y de protesta, de ciertos actores y de sus tradiciones sociales y políticas.

Para el caso de la CTA y el MTA, no puede adentrarse en el estudio de sus objetivos, estrategias y componentes identitarios sin rastrear los valores y prácticas preexistentes del sindicalismo y de su relación con el movimiento peronista. Tampoco puede plantearse una aproximación a ciertas cuestiones de estos exponentes de la protesta de los ’90 sin averiguar aunque sea mínimamente por los condicionamientos estructurales que incidieron en su conformación como nuevos actores, primero, y después en el tipo de demandas que sostuvieron, las formas de presentarlo en la escena pública y el efecto performativo político que sus acciones han tenido, como también la posibilidad de conseguir resultados beneficiosos para sus organizaciones.

Aún con diferencias, con limitaciones en sus proyecciones políticas, ambas constituyen experiencias importantes de la década de los ’90, porque forman parte de un proceso de transformación y resignificación de identidades sociales y políticas, enmarcadas en un contexto no menos cambiante y de repetidas situaciones de crisis económicas y políticas, en el que las contradictorias disposiciones de los actores para la acción han expresado la complejidad misma del proceso en curso.

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- Torre, Juan Carlos; La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo; Sudamericana/Instituto Torcuato Di Tella; Buenos Aires; 1990.

NOTAS

i Si bien no es tema de este trabajo, es importante consignar que también en 1994 surgió en la provincia de Jujuy la Corriente Clasista Combativa (CCC), que tuvo una fuerte vinculación con la CTA y el MTA, sobre todo en los primeros años, cuando todas estas organizaciones apenas se las reconocía en el espacio público-político.

ii La noción de “repertorio de acción colectiva", creada por Charles Tilly, se aplica al conjunto de medios que un grupo dispone para canalizar sus demandas. El autor sostiene que, si bien la interacción entre personas y grupo está condicionada en un repertorio por las instituciones, prácticas existentes y entendimientos compartidos, quienes participan aprenden, innovan y construyen historias en la producción misma de la acción colectiva, de modo que cada forma de acción colectiva posee una historia que dirige y transforma usos futuros de esa forma, debido a que las interacciones históricamente situadas crean acuerdos, memorias, antecedentes, historias, prácticas y relaciones sociales. Por eso, un paro o una movilización tienen una historia distintiva respecto de otras acciones contenciosas, y los repertorios están bien definidos y limitados a diversos actores, objetos de acción, tiempos, lugares y circunstancias estratégicas. (Ver Tilly: 1978 y 2000).

iii Aunque es importante señalar que Robert Castel se refiere a la sociedad salarial atendiendo al proceso dado en la sociedad francesa, y aún sabiendo que hay diferencias ostensibles entre la conformación de esa sociedad y la que se configuró para el caso argentino, lo cierto es que a partir de 1946, el estado tomó una actitud claramente intervencionista, entre otros planos en el social, y llevó a cabo innovaciones en ese ámbito de administración pública que aseguraron la inclusión de los sectores populares en la ciudadanía social.

iv Esto se acentuó durante la proscripción del peronismo en el plano político-partidario.

v Por ejemplo, el derecho a huelga para los empleados en los servicios públicos fue restringido a través de decretos gubernamentales con la amenaza de quitar personerías gremiales y otras sanciones, y cuyo objetivo no era otro que el de agilizar la privatización de las empresas públicas de servicios. (Murillo: 1997)

vi Desde noviembre de 1996 el Congreso pasó a denominarse “Central de los Trabajadores Argentinos", después que se realizara un congreso nacional en el cual se reunieron más de 8.000 delegados y que la agrupación obtuviera inscripción gremial. No obstante, la CTA no ha sido reconocida aún con personería gremial, que según la normativa vigente, es la figura legal clave de toda organización sindical. Sí posee inscripción gremial.

vii Esta agrupación, luego, abandonó la denominación MTA y pasó a llamarse “CGT disidente". La reciente unificación de este grupo a la CGT le permitió a uno de sus líderes, Hugo Moyano (Camioneros), convertirse en parte del secretariado general tripartito, junto con Susana Rueda (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

viii Ver Martuccelli y Svampa (1997), Palomino (2000) y Murillo (2001).

ix Por ejemplo, en 1996 se celebró un Congreso extraordinario entre la CGT y el MTA en el cual éste último había conseguido desplazar al secretario general de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), impedir la promoción de un nuevo secretario afín al gobierno nacional, apoyar la candidatura de Rodolfo Daer y obtener la secretaría adjunta de la CGT para el MTA, que ocupó Juan Palacios. Este acercamiento del MTA a la CGT –que no había suspendido la negociación secreta con el gobierno como táctica– lo perjudicó y mostró sus límites políticos y corporativos al interior del campo sindical. Ver Fernández (2002) En 1999 se vivió una situación similar, en la que el aún denominado MTA estaba inmerso en la puja con otros grupos por la conducción de la CGT. Ver, al respecto, Clarín 7.7.1999.

x Ver documentos surgidos de los encuentros sindicales de Burzaco (noviembre de 1991) y de Rosario (abril de 1992). xi Los siguientes son resultados aún preliminares de un trabajo realizado bajo el proyecto UBACyT S064 “La transformación de la protesta social en la Argentina 1989-2003".

xii Para un análisis detallado de la Marcha Federal, ver Armelino (2004).

xiii La consulta popular se realizó entre el 14 y el 17 de diciembre. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Prensa de la CTA, la consulta registró un total de 3.106.681 votos, de los cuales 3.083.191 fueron por el sí, 17.878 por el no, 3051 en blanco y 2561 anulados.

xiv Escapa a los límites de este trabajo una mayor profundización de los aspectos epistemológicos y metodológicos de la protesta social. Para un análisis detallado, ver Schuster (2004).

xv La cobertura de los medios de comunicación fue clave para el impacto público y político que esas acciones tuvieron. En las portadas de los principales diarios nacionales, varias de esas protestas figuraron en tapa, con grandes títulos y una amplia cobertura del tema.

xvi Ver Pérez y Armelino (2004).